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RGPD Reglamento general de protección de datos, sustituto de la LOPD.

Europa nos obliga a unificar criterios y procedimientos relativos a la protección y custodia de los datos. La aún vigente LOPD (Ley orgánica de protección de datos) vigente desde 1992, convive con el Reglamento general de protección de datos (RGPD), que es de obligado cumplimiento a partir de 25 de mayo de 2018.   Sanciones De la obligacion de inscripcion de fichero Qué es un Delegado de Protección de DatosObligacion de inscripcion de ficherosQué es un Delegado de Protección de Datos

¿Qué debe declarar si vive en una comunidad de propietarios?

Fuente: Elmundo.es

• Los vecinos tienen que rendir cuentas individualmente por las subvenciones recibidas • Cada residente, igualmente, tiene que reflejar los ingresos por el alquiler de elementos comunes (cubiertas para colocar antenas de telefonía móvil, fachada para publicidad, etc.) Las comunidades de propietarios también pueden percibir ingresos por la que se pueden ver afectados sus comuneros y, en consecuencia, resultar obligados a reflejar los mismos en su Declaración de la Renta. Por ello recuerde las obligaciones por las que los propietarios tienen que tributar en el IRPF, en ocasiones con consecuencias negativas, como en el caso de las subvenciones percibidas por el bloque.

¿Las subvenciones recibidas por la comunidad de vecinos? Según la redacción actual de la Ley de IRPF, las subvenciones obtenidas por una comunidad de propietarios, como son las recibidas por la instalación de un ascensor, están sujetas al impuesto. Estas subvenciones percibidas tiene la consideración, según la Ley de IRPF, de ganancias patrimoniales. Siendo así, se debe tener en cuenta, que independientemente del importe percibido por la subvención, es probable que al comunero le obligue a realizar la declaración.

¿Los rendimientos obtenidos por las comunidades en forma de subvenciones se imputarán a los propietarios? Toda vez que una comunidad de propietarios es una entidad en régimen de atribución de rentas, los rendimientos obtenidos por las mismas se imputarán a los propietarios, siendo en el caso que nos ocupa -subvenciones- como ganancia patrimonial. Esto es, en las comunidades la imputación de los ingresos y los gastos se realizará en función del coeficiente de participación siguiendo lo estipulado en la Ley de Propiedad Horizontal. Esta imputación se incluirá en la declaración de entidades en régimen de atribución de rentas, modelo 184, en la medida que el importe de éstas junto con todos los ingresos percibidos por la comunidad de propietarios sea superior a 3.000 euros. Modelo que deberá presentar la comunidad de propietarios en el mes de febrero del año siguiente al año en el que se obtienen las rentas.

¿Trae a cuenta recibir una subvención al declarar? Depende. Teniendo en cuenta que, según la Ley del IRPF, no tendrán que declarar los contribuyentes que obtengan rentas procedentes, entre otras fuentes, por los rendimientos íntegros del trabajo (con el límite de 22.000 euros/año). Tampoco tendrán que presentar declaración los contribuyentes que obtengan exclusivamente rendimientos íntegros del trabajo, del capital o de actividades económicas, así como ganancias patrimoniales, con el límite conjunto de 1.000 euros anuales. Ahora bien puede darse el caso que un comunero, que aun percibiendo rendimientos del trabajo por importe inferior a 22.000 euros pero superior a 1.000 euros, quede obligado a presentar declaración de IRPF y lo que es peor, que le resulte cuota a pagar.

¿Por qué otros conceptos tiene que declarar la comunidad de propietarios y cómo afecta a cada comunero? En tanto en cuanto el arrendamiento de elementos comunes (cubiertas para colocar antenas de telefonía móvil, fachada para instalar lonas publicitarias, etc.), la comunidad actuará como sujeto pasivo del IVA. A este respecto, la comunidad de propietarios ingresa las cuantías con IVA que luego habrá de liquidar trimestralmente. Ahora bien, las comunidades de propietarios no tienen personalidad jurídica a efectos fiscales para computar las rentas derivadas del alquiler como un ingreso, por lo que será cada propietario con arreglo a su coeficiente quien deberá reflejar este rendimiento en su declaración de la renta. También en caso de venta de la casa de portería ya que se trata de un elemento común. Con respecto al alquiler, solo estarán exentas de IVA las viviendas (por ejemplo, del portero) que sean propiedad de la comunidad. En consecuencia, no procederá liquidación del IVA

Cuando los bancos piden más datos de los necesarios

Es práctica habitual que los bancos soliciten a las comunidades copias de las actas de las reuniones, con el fin de aperturar cuentas, o simplemente renovar las firmas de la disposición de las cuentas ya abiertas. Las actas de las juntas tienen muchos datos que no tienen que aparecer públicamente. Las entidades se obstinan en recibir esa información, que no es necesaria, pues para el fin requerido basta con un certificado expedido por el secretario y con el visto bueno del presidente. Enfrentarse con los bancos siempre es dificil, pues ellos dictan "sus normas", que obligan a acatar. En este caso concreto la Agencia Española de Protección de Datos es sumamente clara y concisa. No es lo que quieran los bancos, es lo que la Ley nos prohibe hacer, y en este caso nos probibe que facilitemos tal información. Los bancos se tendrán que resignar, según se puede comprobar en el siguiente informe de la Agencia de Protección de Datos. Informe Gabinete Jurídico AEPD libro de actas apertura de cuenta bancaria

Nota de Prensa oficial del Ministerio de Industria que recoge la ampliación de plazo de adaptación de antenas hasta el 31.03.15.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo amplía hasta el 31 de marzo el plazo máximo para la liberación del Dividendo Digital para facilitar al ciudadano la adaptación de las antenas colectivas. El Gobierno ha aprobado ampliar el plazo máximo de liberación del dividendo digital más allá del 31 de diciembre de 2014, hasta el 31 de marzo de 2015, para facilitar que puedan avanzar las adaptaciones sin perder ningún canal de televisión durante el proceso. Con esta medida se atiende la solicitud del sector de la TDT, que considera este plazo como el más adecuado. Los 280 millones de euros en ayudas aprobadas por el Gobierno para subvencionar la adaptación de las antenas colectivas se pueden solicitar hasta el 30 de junio de 2015. Texto integro de la nota e presa oficial: 2014.12.29 Ampliación plazo Dividendo Digital

Aprobada la ley que permitirá a las compañías telefónicas expropiar azoteas para colocar antenas de telefonía móvil

Desde la publicación en el BOE de la nueva Ley General de Telecomunicaciones (Ley 9/2014, de 9 de mayo), han surgido importantes críticas del colectivo de Administradores de Fincas a la posibilidad de expropiación forzosa de cubiertas y terrados de edificios para servicios de comunicaciones electrónicas. Así, el pasado 20 de mayo, el Consejo General de Administradores de Fincas de España hacía público un comunicado en el que se indicaba lo siguiente: “El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas considera que la nueva Ley de Telecomunicaciones, en vigor desde el pasado 9 de mayo, atenta contra uno de los principios básicos de un estado de derecho, como es la propiedad privada, al posibilitar la expropiación forzosa de cubiertas y terrados de edificios para servicios de comunicaciones electrónicas en el Capítulo II, sección 2.ª, artículos 29 a 33, que regula el derecho de ocupación de la propiedad privada. En estos artículos se da carta blanca a los operadores para que puedan disponer de estos espacios privativos sin que tengan que obtener licencias de obras ni realizar estudios de impacto ambiental, que sí eran necesarios con la anterior normativa. Solo se requiere un plan de despliegue o instalación de red en la zona que posibilite el permiso del Ministerio de Industria para colocar la antena en la azotea elegida por la operadora”. Proseguía dicho comunicado advirtiendo que la nueva legislación no atendía al Principio de Precaución establecido en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, así como lo “incomprensible” que resultaba que la nueva Ley General de Telecomunicaciones “no valore otro riesgo que asumen los propietarios de los edificios ante la instalación de este tipo de antenas, que suponen un sobrepeso excesivo para la estructura del inmueble y que conducirá a un deterioro no solo de los pisos más próximos a la cubierta, sino también de todo el edificio, además de los perjuicios para los propietarios de las viviendas más cercanas al cableado eléctrico, que verían como su inmueble se deprecia por esta circunstancia de obligado cumplimiento normativo”. Partiendo del reconocimiento a la siempre loable e importante labor del CGAF en la defensa de los intereses de los propietarios de los edificios y Comunidades administradas, creemos oportuno señalar que, en nuestra opinión, gran parte de los motivos de preocupación y crítica que se vierten en dicho comunicado, si bien pudieran ser reales, en ningún caso, consideramos, que sean novedosos o imputables a la nueva normativa. La posibilidad de expropiación (o constitución de servidumbre forzosa de paso) para la instalación de infraestructuras de redes públicas de comunicaciones electrónicas contemplada en el art. 29 de la nueva Ley General de Telecomunicaciones de 2014, ya venía incluida en las predecesoras normas sobre la materia. En efecto, la hasta hace pocas fechas vigente, Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones –SP/LEG/2601–, preveía esta misma habilitación a las operadoras para ser beneficiarias de la expropiación de la propiedad privada (véanse los arts. 27 y ss.); lo mismo ocurría con el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, que aprobaba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios (SP/LEG/2972). Pero, yendo más allá, vemos que incluso la Ley de Telecomunicaciones del año 1998 (Ley 11/1998, de 24 de abril) ya recogía igualmente este privilegio de expropiación (arts. 46 a 48). No concluimos, por lo tanto, que la nueva legislación debiera constituir una nueva preocupación en este sentido. La expropiación de terrazas o azoteas para la instalación de redes de telecomunicaciones, al igual que cualquier otra expropiación forzosa, está dotada de una serie de garantías procedimentales y de fondo recogidas en la legislación específica sobre la materia (Ley de Expropiación Forzosa de 1954 –SP/LEG/3840–, y su Reglamento de 1957 –SP/LEG/4606–), entre ellas, la posibilidad de comparecer en el expediente y oponerse por razones de fondo o forma a la necesidad de la ocupación. Además, tanto en la nueva normativa como en sus antecedentes legislativos, la expropiación o constitución de servidumbre forzosa se contempla como una posibilidad excepcional, “siempre que no existan otras alternativas técnica o económicamente viables” y “en la medida prevista en el proyecto técnico” que obligatoriamente deben presentar las operadoras. Es por ello que entendemos que, siendo una posibilidad prevista ya desde el año 1998, sujeta a un procedimiento garantista como cualquier otra expropiación de bienes o derechos, configurada con carácter excepcional y al que, además, no nos consta que las operadoras hayan tenido que recurrir en estos años, el motivo de alarma pudiera quedar algo sofocado. No obstante lo dicho, es cierto que el Consejo General de Administradores de Fincas advertía, con toda razón, que la nueva normativa (en este caso sí, al contrario que en la regulación anterior) no exige la previa obtención de licencias de obras; pero, como pone de manifiesto la propia exposición de motivos de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, esto se debe al paulatino proceso de “simplificación administrativa” impuesto desde las instituciones comunitarias, e iniciado en España con la famosa Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio (más conocida como Ley Ómnibus), que incorporó al derecho español la Directiva 2006/123/CE y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a aquella. En efecto, la necesidad de liberalización de los servicios y eliminación de trabas administrativas de acceso ha ido provocando la paulatina sustitución del régimen de licencias (técnica basada en la previa autorización) por un régimen de comunicación previa y declaración responsable, que no supone el incumplimiento de la normativa vigente, sino su control a posteriori. De hecho, en el ámbito de las instalaciones radioeléctricas utilizadas para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, la eliminación de la licencia previa ya se había puesto en marcha con la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y de Determinados Servicios (SP/LEG/10708). Así, García Garro, M.ª Aranzazu ("Comunicación previa, declaración responsable y licencias urbanísticas y de actividades", de mayo de 2013, SP/DOCT/17475) indicaba “Hasta el momento parecía que la autorización previa era la única técnica de intervención administrativa, y no es así; existen técnicas de intervención administrativa a priori y otras a posteriori. Entre las primeras, junto con la autorización administrativa previa, se encuentran la comunicación previa y la declaración responsable como una alternativa más favorable a la libertad, en tanto que el ejercicio de la actividad se presume preexistente y, por tanto, no requiere ser autorizado previamente, sin que esto exima del cumplimiento de la normativa de aplicación ni del control por parte de la Administración. En suma, son técnicas más respetuosas con la libertad y no por ello menos eficaces y que entrañan una mayor libertad y responsabilidad para el ciudadano (...) Ahora bien, el inicio de una actividad al amparo de una comunicación previa o declaración responsable no impide el ejercicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones públicas, sino todo lo contrario; es justamente ese control posterior el que debe potenciarse para garantizar la eficacia de la comunicación previa y de la declaración responsable como instrumentos de intervención administrativa”. Dicho lo que antecede, cabe dejar abierto al debate de si, en estos supuestos, no sería de aplicación la expresa exigencia de autorización administrativa que para determinadas obras en el edificio se recoge en la actual redacción del art. 10 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, introducida por la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas.

Antenas de telefonía móvil instalada en comunidad de propietarios

El negocio de invertir en locales

La compra de un local para alquilarlo ofrece una rentabilidad bruta del 6,8%, frente al 3,7% del bono a 10 años las oficinas ofrecen un retorno del 5,6%, la vivienda un 4,7% y los garajes un 3,6%. Por tanto los locales son el producto que mayor rentabilidad tienen en la mayoría de las capitales. Lo mismo sucede con la compra de oficinas, sin embargo las viviendas ofrecen una rentabilidad muy limitada, y las plazas de garaje son, en contraposición, el producto menos rentable para el inversor en muchas capitales. De hecho, en 16 ciudades el retorno es inferior al que registran los bonos a 10 años (que está en mínimos desde 2006).

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