De la smart city al smart neighborhood

Desde hace unos años, el concepto smart city ya no nos resulta extraño: ciudades que mejoran la vida de sus vecinos gracias, en gran parte, al uso de las tecnologías. WiFi en espacios públicos, redes eléctricas inteligentes, sistemas de economía colaborativa, apps para contactar con la administración pública, etc. Estas poblaciones, además, han conseguido cambiar el modo en el que se relacionan los ciudadanos entre sí y con su entorno.
El habitante de la smart city está más que acostumbrado a aprovechar las ventajas que la tecnología le proporciona en su vida diaria. Su día a día se hace más sencillo gracias a la gran variedad de apps y redes sociales que le ayudan a, por ejemplo, mantenerse en contacto con sus familiares y conocidos, realizar consultas y transferencias bancarias, hacer la compra o tener reuniones mediante streaming.
Siguiendo la estela de las ciudades inteligentes, en los últimos años han surgido los smart neigborhoods, comunidades de vecinos que crean nuevos tipos de relación entre Administradores de Fincas, propietarios y proveedores de servicios. Lo hacen a través de herramientas como tucomunidad.com, una plataforma online y app móvil que sirve de encuentro entre Administradores de Fincas, Proveedores, Comunidades de Propietarios y Vecinos.

Con tan solo unos clics, los usuarios pueden utilizar su ordenador, smartphone o tablet para:

· Realizar pagos online: tucomunidad.com incorpora una pasarela de pago para ayudar a propietarios y proveedores en la gestión del cobro y pago de recibos. De esta manera, se permite resolver el problema de los pagos de los propietarios extranjeros, y se evita el abono en metálico.
 · Reserva de espacios comunes: En pocos pasos y de manera sencilla, los vecinos pueden comprobar las horas a las que están libres las instalaciones deportivas de la comunidad, las salas multiusos o cualquier otro espacio común. Además, en caso de que ningún otro propietario lo haya hecho antes, podrá reservarlo desde cualquier dispositivo y lugar.
· Gestión de incidencias: El administrador de fincas emplea tres quintas partes de su jornada laboral contestando a llamadas y mensajes de los vecinos que le informan sobre un problema. Poder notificar la incidencia y que todos los demás miembros de la comunidad sepan que ya se están tomando medidas para solucionarla le permite ahorrar una cantidad importante de tiempo que puede dedicar a otras tareas. Además, facilitar el acceso a esta plataforma a los proveedores garantizará que pueden recibir una alerta de avería al momento, lo que agilizará la reparación integrando al proveedor en la solución.

¿Qué será lo siguiente?

– Juntas de vecinos en streaming con derecho a voto online – Videoblogs para dar parte al seguro – Drones de videovigilancia – Zonas de acceso conectadas para detectar fugas de agua, incendios,… Las comunidades de vecinos quieren formar parte de la revolución digital que estamos viviendo. Para ello, los Administradores de Fincas implantan soluciones tecnológicas que hacen más sencilla su vida diaria. tucomunidad.com nace con la premisa de ayudarles en sus tareas profesionales a la vez que aumentan la felicidad de los propietarios e inquilinos de los vecindarios que administran. En tucomunidad.com ya coinciden más de 3.000 Administradores de Fincas y más de 140.000 comunidades de propietarios. Además, más de 1.400 empresas, sobre todo PYMES, se han dado de alta en el portal de gestión de smart neighborhoods.  

Uso de una terraza comunitaria

Soy propietario de un sobreático con una puerta que da acceso directo a una terraza comunitaria de 35 metros cuadrados con vistas a la calle. En los estatutos se especifica expresamente que "no tiene uso" y, por tanto, no la usa nadie, únicamente los operarios en caso de tareas de mantenimiento. Quisiera hacer una oferta a la comunidad al fin de que me reconozcan el derecho a uso privativo a cambio de alguna compensación económica. Somos 21 vecinos. ¿Cuál es el quórum necesario para adoptar este tipo de acuerdo?, ¿a cuántos copropietarios he de convencer? Por definición, las cubiertas o terrazas de un edificio constituyen un elemento común del inmueble por lo que su titularidad corresponde a todos los propietarios. En el título constitutivo del edificio o en sus estatutos es donde suele reseñarse el posible uso privativo de la terraza. Si no se dice nada en la escritura de división horizontal, se presume, salvo prueba en contrario, que la misma tiene carácter de elemento común de uso general para toda la comunidad. Cualquier cambio de uso de un elemento común implica la adopción de un acuerdo por parte de la comunidad de propietarios dirigido a obtener una modificación del título constitutivo que debería formalizarse en escritura pública e inscribirse en el registro de la propiedad. Para la adopción de ese acuerdo sería preciso el voto unánime de todos los propietarios, según lo dispuesto en el art. 17 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH). El cambio de uso de un elemento común como es la terraza, en este caso, no puede encajar en los supuestos previstos en el art. 10, nº 3, b), LPH porque este precepto hace referencia a las modificaciones en elementos comunes que exijan la construcción, alteración de estructura… incluyendo el cerramiento de terrazas para una mejora de eficiencia energética del edificio y éste no es el caso. Su decisión obedece exclusivamente a un mejor aprovechamiento de una terraza de uso común en beneficio de una vivienda.

Bruselas da un ultimátum a España para cumplir con todas las normas sobre eficiencia energética en edificios

Fuente: EUROPA PRESS

La Comisión Europea ha dado el pasado jueves 25 de febrero un ultimátum a España para que cumpla con la totalidad de las exigencias recogidas en la directiva comunitaria sobre eficiencia energética en edificios, al haber encontrado algunas deficiencias en la legislación nacional que traspone la normativa comunitaria.

El ultimátum se envía a través de un dictamen motivado, en el que se advierte de que si el Gobierno español adopta en el plazo de dos meses las medidas exigidas, el Ejecutivo comunitario podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.

En concreto, el análisis de la legislación española revela defectos sobre la definición de los estándares de Edificios de Energía Casi Nula (EECN) y su aplicación.

De la misma forma, la Comisión Europea señala que las exenciones que incluye la normativa nacional sobrepasan las previstas por la directiva comunitaria.

La directiva en cuestión obliga a los Estados miembros a establecer requisitos mínimos de eficiencia energética para edificios nuevos y existentes, velar por la certificación de la eficiencia energética de los edificios y exigir la inspección regular de los sistemas de calefacción y aire acondicionado.

Además, exige a los gobiernos que, para 2021, garanticen que todos los edificios nuevos sean de consumo de energía casi nulo.

Mis vecinos quieren cambiar la calefacción central por calderas individuales.

En mi comunidad hay un grupo de vecinos que quiere cambiar la caldera de la calefacci?n central?por calderas individuales. Si es un elemento común, entiendo que solo se podr?a hacer por unanimidad,??es as???Tras la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) operada por Ley 8/2013, de 26 de junio, el cambio de una caldera no exige la unanimidad.?Según el art. 17, 4 de la LPH, ??Ningún propietario podr? exigir nuevas instalaciones, servicios o mejoras no requeridos para la adecuad conservaci?n, habitabilidad, seguridad y accesibilidad del inmueble, según su naturaleza y caracter?sticas. No obstante, cuando por el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participaci?n, se adopten v?lidamente acuerdos?para realizar innovaciones, nuevas instalaciones, servicios o mejoras no requeridos para la adecuada conservaci?n, habitabilidad, seguridad y accesibilidad del inmueble, no exigibles y gastos comunes, el disidente no resultar? obligado, ni se modificar? su cuota, incluso en el caso de que no pueda priv?rsele de la mejora o ventaja. Si el disidente desea, en cualquier tiempo, participar de las ventajas de la innovaci?n, habr? de abonar su cuota en los gastos de realizaci?n y mantenimiento, debidamente actualizados mediante la aplicaci?n del correspondiente inter?s legal”. En cuanto a qué se entiende por voto favorable, hay que remitirse al nº 8 del mismo art. 17 LPH que literalmente señala que: “Salvo en los supuestos expresamente previstos en los que no se pueda repercutir el coste de los servicios a aquellos propietarios que no hubieren votado expresamente en la junta a favor del acuerdo, o en los casos en los que la modificación o reforma se haga para aprovechamiento privativo, se computarán como votos favorables los de aquellos propietarios ausentes de la junta, debidamente citados, quienes una vez informados del acuerdo adoptado por los presentes, conforme al procedimiento establecido en el artículo 9, no manifiesten su discrepancia mediante comunicación a quien ejerza las funciones de secretario de la comunidad en el plazo de 30 días naturales, por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción”. A la vista de lo anterior, podemos concluir que no es necesario que el acuerdo haya sido adoptado por unanimidad, sino por 3/5 de los propietarios con las advertencias previstas para los propietarios ausentes, según el art. 17, nº8 LPH.

Aclaración de Ministerio sobre eficiencia energética

COMUNICADO DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO SOBRE LA TRASPOSICION PARCIAL DE LA DIRECTIVA 2012/27/UE SOBRE EFICIENCIA ENERGETICA

Con motivo de las numerosas dudas suscitadas por la publicación en el BOE del pasado día 13 de Febrero referente a la Transposición parcial de la Directiva 2012/27/UE sobre Eficiencia Energética, a continuación les informamos que el MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO, ha dado respuesta, dejando claro que la totalidad de la Transposición está aún pendiente, tal y como indican en el texto que a continuación detallamos:
"...En respuesta a la consulta, le comunicamos que, efectivamente, con fecha 13 de febrero se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía. La Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, aborda diferentes aspectos y que ha sido traspuesta parcialmente en diversa normativa a lo largo de los últimos años. En este último Real Decreto se trasponen los aspectos relacionados con auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía, quedado solo pendiente la trasposición de la obligación de instalación de contadores de calefacción, agua caliente sanitaria y refrigeración. Esta obligación sí estaba recogida en el borrador de real decreto de junio de 2015, que fue sometido a trámite de aprobación por parte del Consejo de Ministros. No obstante, dado el impacto económico que dicha obligación puede suponer a los consumidores, en especial a aquellos más vulnerables, surgieron discrepancias entre los distintos departamentos ministeriales en relación con la oportunidad de su aprobación. En cualquier caso, al tratarse de una obligación recogida en una Directiva Europea, el Estado Español tiene la obligación de trasponerla para que los consumidores españoles tengan la citada obligación. En este sentido, le informo que desde este Ministerio se está trabajando en la redacción de esta normativa, que será aprobada tan pronto como exista consenso y las circunstancias actuales lo permitan." Atentamente Servicio de Información Administrativa MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO

¿Qué debe declarar si vive en una comunidad de propietarios?

Fuente: Elmundo.es

• Los vecinos tienen que rendir cuentas individualmente por las subvenciones recibidas • Cada residente, igualmente, tiene que reflejar los ingresos por el alquiler de elementos comunes (cubiertas para colocar antenas de telefonía móvil, fachada para publicidad, etc.) Las comunidades de propietarios también pueden percibir ingresos por la que se pueden ver afectados sus comuneros y, en consecuencia, resultar obligados a reflejar los mismos en su Declaración de la Renta. Por ello recuerde las obligaciones por las que los propietarios tienen que tributar en el IRPF, en ocasiones con consecuencias negativas, como en el caso de las subvenciones percibidas por el bloque.

¿Las subvenciones recibidas por la comunidad de vecinos? Según la redacción actual de la Ley de IRPF, las subvenciones obtenidas por una comunidad de propietarios, como son las recibidas por la instalación de un ascensor, están sujetas al impuesto. Estas subvenciones percibidas tiene la consideración, según la Ley de IRPF, de ganancias patrimoniales. Siendo así, se debe tener en cuenta, que independientemente del importe percibido por la subvención, es probable que al comunero le obligue a realizar la declaración.

¿Los rendimientos obtenidos por las comunidades en forma de subvenciones se imputarán a los propietarios? Toda vez que una comunidad de propietarios es una entidad en régimen de atribución de rentas, los rendimientos obtenidos por las mismas se imputarán a los propietarios, siendo en el caso que nos ocupa -subvenciones- como ganancia patrimonial. Esto es, en las comunidades la imputación de los ingresos y los gastos se realizará en función del coeficiente de participación siguiendo lo estipulado en la Ley de Propiedad Horizontal. Esta imputación se incluirá en la declaración de entidades en régimen de atribución de rentas, modelo 184, en la medida que el importe de éstas junto con todos los ingresos percibidos por la comunidad de propietarios sea superior a 3.000 euros. Modelo que deberá presentar la comunidad de propietarios en el mes de febrero del año siguiente al año en el que se obtienen las rentas.

¿Trae a cuenta recibir una subvención al declarar? Depende. Teniendo en cuenta que, según la Ley del IRPF, no tendrán que declarar los contribuyentes que obtengan rentas procedentes, entre otras fuentes, por los rendimientos íntegros del trabajo (con el límite de 22.000 euros/año). Tampoco tendrán que presentar declaración los contribuyentes que obtengan exclusivamente rendimientos íntegros del trabajo, del capital o de actividades económicas, así como ganancias patrimoniales, con el límite conjunto de 1.000 euros anuales. Ahora bien puede darse el caso que un comunero, que aun percibiendo rendimientos del trabajo por importe inferior a 22.000 euros pero superior a 1.000 euros, quede obligado a presentar declaración de IRPF y lo que es peor, que le resulte cuota a pagar.

¿Por qué otros conceptos tiene que declarar la comunidad de propietarios y cómo afecta a cada comunero? En tanto en cuanto el arrendamiento de elementos comunes (cubiertas para colocar antenas de telefonía móvil, fachada para instalar lonas publicitarias, etc.), la comunidad actuará como sujeto pasivo del IVA. A este respecto, la comunidad de propietarios ingresa las cuantías con IVA que luego habrá de liquidar trimestralmente. Ahora bien, las comunidades de propietarios no tienen personalidad jurídica a efectos fiscales para computar las rentas derivadas del alquiler como un ingreso, por lo que será cada propietario con arreglo a su coeficiente quien deberá reflejar este rendimiento en su declaración de la renta. También en caso de venta de la casa de portería ya que se trata de un elemento común. Con respecto al alquiler, solo estarán exentas de IVA las viviendas (por ejemplo, del portero) que sean propiedad de la comunidad. En consecuencia, no procederá liquidación del IVA

Terrazas comunes de aprovechamiento privativo.

La enumeración de elementos comunes del artículo 396 del Código Civil es indicativa y abierta, no cerrada. El hecho de que un elemento no figure en la enumeración del artículo 396 del Código Civil no determina de manera absoluta que no se trate de un elemento común, debiéndose estar a cada caso en concreto, ya que la referida lista tiene un carácter indicativo y abierto, no de "numerus clausus". Así viene avalado por sentencia del Tribunal Supremo. El artículo 396 del Código Civil,  pese a no mencionar expresamente las terrazas al enumerar los elementos comunes, determina la inclusión entre ellos habida cuenta del carácter meramente indicativo y abierto, y no de "numerus clausus" que tiene ese listado, y así lo ha entendido esta Sala, entre otras, en Sentencia de 14 de octubre de 1991, en que manifiesta que "si bien es cierto que el Código Civil no menciona expresamente en su art. 396 las terrazas como constitutivas de elementos comunes, haciendo referencia únicamente al vuelo y cubiertas, no es menos cierto que según doctrina reiterada de esta Sala (Sentencia de 6 de mayo de 1991, entre otras), en correspondiente interpretación lógica-práctica del precepto, la enumeración del mismo no es ni puede entenderse como cerrada, fija y radical, sino que, por contrario, sólo es indicativa y abierta a las necesidades varias que impone la propiedad horizontal, que, al ser especial, exige un cuidadoso tratamiento, no sólo por la función social que cumple, sino también atendiendo a las dificultades y complejidades que produce su desarrollo dinámico en los presentes tiempos". Tratándose de terrazas que sirven de cubierta al edificio, como es el caso, la sentencia de 25 de julio de 1995, con apoyo una anterior de 10 de febrero de 1992, afirma que "las terrazas que sean la cubierta de todo o parte del inmueble (estas últimas llamadas "terrazas a nivel") tienen, en principio, la conceptuación legal de elementos comunes del edificio, pues así lo establece el art.396 del Código Civil (al mencionar entre ellos a las "cubiertas") "reiterando que "la descripción, no es de "numerus clausus", sino enunciativa". A parte queda la regulación que la comunidad establece para el uso de elementos comunes, aunque sean de aprovechamiento privativo, pero eso es asunto de otro tratamiento específico.

La instalación de la medición individual de la calefacción central se vuelve a retrasar

El 1 de enero de 2017  cada vecino de un edificio con calefacción central tendrá que paga por la energía que consuma, no por su coeficiente de participación. Es lo previsto en la Directiva Europea 2012/12, que, entre otros artículos, obliga a la instalación de sistemas de medición individuales en los edificios dotados con un sistema de calefacción central. El Gobierno debe incorporar esa normativa al ordenamiento español y se esperaba que lo hiciera a comienzos de 2016 –se viene esperando desde 2014–. Es lo que se llama transposición. Pero el Ejecutivo o no lo ha hecho o no lo ha lecho con todas sus consecuencias. El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto de Eficiencia Energética que debía incluir entre otros muchos aspectos la llegada de sistemas individuales de medición de la calefacción central. Pero el texto aprobado no lo incluye. Todo indica que el momento político, las dudas sobre la formación de un nuevo Gobierno, han llevado al Ejecutivo en funciones a esperar en la aplicación de la Directiva Europea. Según estimaciones del sector, se han invertido más de 11 millones de euros en la instalación de 400.000 repartidores y 200.000 válvulas termostáticas aproximadamente en todo el país. Esto es, 1.250 edificios residenciales ya han apostado por individualizar su consumo de calefacción. Se calcula que 1,7 millones de viviendas con calefacción central deberían instalar medidores individuales antes del 31 de diciembre de 2016. Ahorro doméstico y menos contaminación Los estudios realizados por las empresas del sector estiman además que la aplicación de esta medida permite reducir en entre un 20 y un 30% el consumo de calefacción. Además se evitará la emisión de 2,4 millones de toneladas de CO2 al año. La mayoría de los sistemas de calefacción central actuales derrochan energía, pero además no llegan a lograr la temperatura requerida en todos los puntos de la vivienda. Para paliarlo, el Parlamento Europeo dictó en 2012 una directiva de eficiencia energética que obliga a todos los edificios con calefacción central a instalar contadores de consumo individuales. El objetivo de esta medida es repartir el gasto centralizado. El resultado es que cada propietario pague una cantidad más cercana a lo que realmente gasta. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) calcula que la instalación de los repartidores de costes y las válvulas termostáticas junto con la derrama por adaptar las instalaciones comunes, supone un desembolso de entre 700 y 1.100 euros por vivienda. Este gasto equivale a un año de calefacción para un piso antiguo en una zona bastante fría. España ha recibido ya dos sanciones de la Comunidad Económica por retraso en el cumplimiento de la norma. De hecho la primera fecha para su aplicación definitiva era la de 31 de Enero de 2015, si bien se amplió un año, al no haberse iniciado los trámites para la trasposicón de la normativa. Curiosamente el Real Decreto contempla las sanciones a aplicar por su incumplimiento, lo que supone que un futuro Real Decreto  lo regulará. Simplemente aclarar, que actualmente no se ha traspuesto la norma, quedando para otra fase posterior (a todas luces se publicará agotando el límite temporal).    

¿Deben pagar los bajos de una comunidad la instalación de un ascensor nuevo?

A la luz de la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) introducida por la Ley 8/2013, de 26 de junio, la instalación de un ascensor supone una medida u obra necesaria para garantizar la accesibilidad universal del edificio, tal y como señala el art. 10, b): “Las obras y actuaciones que resulten necesarias para garantizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal y, en todo caso, las requeridas a instancia de los propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad, o mayores de 70 años, con el objeto de asegurarles un uso adecuado a sus necesidades de los elementos comunes, así como la instalación de rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la orientación o su comunicación con el exterior, siempre que el importe repercutido anualmente de las mismas, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no exceda de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes. No eliminará el carácter obligatorio de estas obras el hecho de que el resto de su coste, más allá de las citadas mensualidades, sea asumido por quienes las hayan requerido”. Se trata de una obra que no exige la adopción de ningún acuerdo por parte de la comunidad: “1. Tendrán carácter obligatorio y no requerirán de acuerdo previo de la junta de propietarios, impliquen o no modificación del título constitutivo o de los estatutos, y vengan impuestas por las administraciones públicas o solicitadas a instancia de los propietarios…” (art. 10, 1 LPH). En consecuencia, ni siquiera es exigible la adopción de ningún acuerdo para la instalación de un ascensor y todos los titulares de elementos privativos están obligados a acatar dicha obra. No obstante lo anterior, el art. 17 sostiene que: “2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10.1 b), la realización de obras o el establecimiento de nuevos servicios comunes que tengan por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso o movilidad de personas con discapacidad y, en todo caso, el establecimiento de los servicios de ascensor, incluso cuando impliquen la modificación del título constitutivo, o de los estatutos, requerirá el voto favorable de la mayoría de los propietarios, que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación. Cuando se adopten válidamente acuerdos para la realización de obras de accesibilidad, la comunidad quedará obligada al pago de los gastos, aun cuando su importe repercutido anualmente exceda de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes”. Es decir, en junta de propietarios y con la mayoría que exige el citado art. 17 LPH, deberá procederse al estudio de la medida, examen de presupuestos, elección de la instalación y distribución de los gastos a sufragar, etc. En este caso la norma es incluso menos restrictiva, y favorecedora de la supresión de barreras arquitectónicas (la instalación del ascensor lo es). Por tanto si lo acuerda la mayoría de propietarios que al tiempo representen mayoría de cuotas de participación del inmueble, la instalación será obligatoria, así como su contribución por todos los departamentos que componen el inmueble (sean viviendas, locales, garajes o trasteros, vinculados o no a las viviendas), al igual que contribuir económicamente sin limitación alguna de cantidad. En consecuencia, si es titular de un bajo, en principio debería contribuir en proporción a su cuota asignada a la instalación del ascensor, salvo que los estatutos de su comunidad de propietarios le exoneren expresamente en atención a su condición de bajo de contribuir a dichos gastos. En este caso conviene no equivocar la contribución con el gasto de mantenimiento posterior (al que lógicamente no está obligado a contribuir) con el propio de la instalación, a la que ya hemos explicado porqué si lo está.

Aumento de robos en trasteros

Recientemente se ha detectado un aumento importante del número de robos en trasteros. Bicicletas, herramientas y aparatos electrónicos son los principales objetivos de los cacos que se cuelan en las zonas de trasteros para asaltarlos.

Los ladrones buscan objetos que tienen buena salida en el mercado negro y puedan ser revendidos con facilidad. Es muy probable que guardes en el trastero algunos objetos de verdadero valor sentimental, y también los que utilizas para tu hobby o deporte en tiempo libre (bicicletas, equipos de acampada, deportes de montaña, radiocontrol, etc), cuyo valor económico es bastante alto, y que los cacos venden facilmente amparándose en el anonimato de internet, foros y paginas de segunda mano. Por esto no está de más que se amplíen las medidas de seguridad, no solo a los domicilios, sino tambien a garajes y trasteros:
  1. El principal: Aumentar la vigilancia  por parte de los propietarios: Este sistema no es muy tecnológico, pero es esencial. Tener la precaución de cerrar la puerta del trastero y del garaje, que es donde suelen ubicarse, nos ahorrará muchos disgustos. Además es importante estar atentos por si hay algún individuo sospechoso merodeando por la zona.
  2. Control de acceso al trastero: Es posible instalar un control que permita avisar inmediatamente a los vigilantes de cualquier acceso que se produzca, o bien al propietario. Un sistema eficaz, aunque supone un desembolso económico.
  3. Sensores de acceso: Similar al control de acceso, es posible que cada vecino disponga de un sistema de aviso individual al móvil personal si se produce algún tipo de acceso no autorizado.
  4. Detector de robo de bicicletas: Estan siendo objeto de muchos robos, y es que los precios de estas máquinas, son muy elevados.  Instalarle un ligero y discreto detector puede evitar que nos la roben.
  5. Cámara de seguridad individual: para la videovigilancia del trastero. Grabar imágenes durante 24 horas y su almacenaje permite hacer un seguimiento de lo que sucede en esta parte de la vivienda y contar con pruebas en el caso de que entren a robar.

2020. Nuevo dividendo digital.

Fuente: http://economia.elpais.com

Las compañías de telefonía móvil pedirán a Bruselas que les asigne completamente la banda de frecuencias que ocupa ahora la televisión digital.

Las compañías de telefonía móvil van a solicitar a la Comisión Europea que les asigne completamente la banda de frecuencias de 700 megahercios (MHz) para los servicios de Internet móvil de 4G y 5G, en la próxima reordenación del espectro radioeléctrico que prepara Bruselas de cara a 2020. Esta banda de los 700 MHz está ocupada actualmente por la televisión digital terrestre, que deberán trasladarse a una banda inferior, por lo que su liberación obligará a otra resintonización de los canales del televisor y a recolocar las antenas colectivas e individuales de 15 millones de hogares antes de junio de 2020. Los usuarios ya tuvieron que afrontar recientemente un proceso de resintonización de sus televisores, así como recolocar sus antenas colectivas o individuales. El cambio se inició en el último trimestre de 2014 y culminó el 31 de marzo de 2015, tras la liberación de la banda de 800 MHz donde operaban los canales de la TDT en favor de las operadoras de móvil que las precisaban para los servicios 4G. Pero la Comisión Europea anunció otra reordenación de frecuencias para dar cabida a los nuevos servicios móviles, en particular, los que tienen que ver con Internet móvil que precisan de ancho de banda adicional y “contribuir a desarrollar las aplicaciones transfronterizas”, según justificó la Comisión. Con tal fin, el órgano ejecutivo ha abierto un periodo de consultas para que los distintos actores del proceso (operadores de telefonía, cadenas de televisión, asociaciones de usuarios, organismos técnicos y reguladores) le remitan sus propuestas y valoraciones antes del 12 de abril. Pues bien, los servicios jurídicos de los operadores ya preparan una respuesta unánime ante la Comisión: quieren que se desocupe completamente la banda de los 700 MHz en cinco años para alojar los nuevos servicios, no solo de la actual 4G sino de la siguiente generación 5G, que ya está siendo desarrollada técnicamente y que será plenamente comercial en 2020, informaron en fuentes del sector.

Tres cambios en 15 años

Si Bruselas admite los argumentos de las operadoras, en 2020 se producirá la tercera migración de canales en 15 años. La primera, y más trascendente, tuvo lugar por el llamado apagón analógico, el tránsito desde la televisión analógica a la digital y culminó el 30 de noviembre de 2005. La segunda reantenización se produjo entre el 26 de octubre de 2014 y el 31 de marzo de 2015, tras una prórroga de tres meses que otorgó el Ministerio de Industria ante el atasco que se produjo por la falta de antenistas. Estos procesos no suponen solo un desafío técnico y una molestia para los usuarios. También llevan implícito un fuerte gasto. En la última resintonización, Industria subvencionó con 280 millones de euros a las comunidades de propietarios para los cambios de antena. Y las compañías de móvil gastaron en torno a 100 millones de euros adicionales.

Internet móvil

De esta forma, los canales de televisión que ahora se alojan en el espectro comprendido entre 694 y 790 MHz tendrán que volver a migrar a una banda inferior antes de junio de 2020. El espectro de 700 MHz resulta particularmente valioso para los operadores de móvil, porque es ideal para ofrecer cobertura en el interior de los edificios, desde donde los usuarios consumen cada vez más datos a través de smartphones, tabletas y todo tipo de terminales. Pero el nuevo dividendo digital, como se conoce a estas asignaciones de frecuencias para el móvil, no solo implicará tener que volver a llamar al antenista y reprogramar los canales del televisor, sino que, si los planes de los reguladores como la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) se cumplen, pueden obligar a cambiar los propios televisores. Los reguladores quieren aprovechar esta migración para cambiar el modo de transmisión, la calidad de definición o la codificación de la imagen de la propia TDT. Los nuevos estándares de calidad de los televisores como la Ultra Alta Definición (UHD) no han encontrado aún una respuesta en las emisiones de las cadenas en abierto, y solo las cadenas de pago emiten contenidos con esta calidad. El Gobierno también debe pronunciarse pues, al fin y al cabo, es el responsable de la asignación del espectro. Países como Alemania o Francia, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, ya han licitado la banda de 700 MHz para los nuevos servicios móviles. El consuelo para tanta molestia es que el Estado se llevará un buen pellizco de esta reordenación si subasta la banda de 700MHz que ocupan gratuitamente las cadenas de televisión. Los operadores móviles ya pagaron 1.600 millones cuando se les asignó la banda de 800 MHz, y tendrían que volver a pujar por la de los 700 MHz La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el organismo dependiente la ONU, acordó en su última conferencia mundial celebrada en noviembre de 2015 en Ginebra destinar la banda de los 700 MHz a la banda ancha móvil en las regiones que aún no se ha implementado (Europa, África, Oriente medio y Asia central) mediante la asignación del llamado segundo dividendo digital. Bruselas estudia ahora la armonización de esa banda para toda la UE. El Gobierno español ya era consciente antes de que ese proceso es inevitable. De hecho, el Ministerio de Industria dotó en los presupuestos generales de 2015 una partida de 570.000 euros para los estudios técnicos que aseguren que la mudanza se realiza sin trastornos para los usuarios.

Nueva imagen corporativa profesional

El consejo General de colegios de Administradores de Fincas de España, ha establecido la nueva, y mucho más moderna, imagen de marca para todos los administradores de fincas colegiados de España. Este es el nuevo logo que nos identifica. Poco a poco se hará presente en todas las comunicaciones. Ahora es  mucho más fáciles de identificar y distinguir a un profesional colegiado del resto.

Presentamos el 2% de las subvenciones de Castilla y León.

El número parece insignificante. Pero teniendo el cuenta que se trata de toda Castilla y León, nos enorgullece haber presentado el 2% de todas las subvenciones tramitadas en la Comunidad Autónoma, en la reciente convocatoria de rehabilitación, mejora energética y accesibilidad. Más incluso cuando los tiempos otorgados han sido muy limitados, teniendo en cuenta los trámites necesarios de la convocatoria. Lamentablemente desconocemos los criterios que se van a emplear para distribuir y consignar las ayudas. Esperamos que todo nuestro esfuerzo, revierta en beneficio de nuestros administrados. Recorte de prensa

9 MESES PARA CUMPLIR LA I.E.E

Este año 2015 es el primero que en Palencia se cumplirá la Ordenanza de Inspección de Evaluación de los Edificios, lo que se denomina I.E.E. Recoge la ordenanza, además de la antigua ITE (Inspección técnica de Edificios) que el Palencia no se llegó a implantar, aspectos de eficiencia energética y accesibilidad, convirtiéndose en la más amplia de Castilla y León, y primera en recoger todos estos aspectos. Más información en el siguiente documento que el Ayuntamiento ha remitido al Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Palencia. Carta Ayuntamiento

Cuando los bancos piden más datos de los necesarios

Es práctica habitual que los bancos soliciten a las comunidades copias de las actas de las reuniones, con el fin de aperturar cuentas, o simplemente renovar las firmas de la disposición de las cuentas ya abiertas. Las actas de las juntas tienen muchos datos que no tienen que aparecer públicamente. Las entidades se obstinan en recibir esa información, que no es necesaria, pues para el fin requerido basta con un certificado expedido por el secretario y con el visto bueno del presidente. Enfrentarse con los bancos siempre es dificil, pues ellos dictan "sus normas", que obligan a acatar. En este caso concreto la Agencia Española de Protección de Datos es sumamente clara y concisa. No es lo que quieran los bancos, es lo que la Ley nos prohibe hacer, y en este caso nos probibe que facilitemos tal información. Los bancos se tendrán que resignar, según se puede comprobar en el siguiente informe de la Agencia de Protección de Datos. Informe Gabinete Jurídico AEPD libro de actas apertura de cuenta bancaria

Nota de Prensa oficial del Ministerio de Industria que recoge la ampliación de plazo de adaptación de antenas hasta el 31.03.15.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo amplía hasta el 31 de marzo el plazo máximo para la liberación del Dividendo Digital para facilitar al ciudadano la adaptación de las antenas colectivas. El Gobierno ha aprobado ampliar el plazo máximo de liberación del dividendo digital más allá del 31 de diciembre de 2014, hasta el 31 de marzo de 2015, para facilitar que puedan avanzar las adaptaciones sin perder ningún canal de televisión durante el proceso. Con esta medida se atiende la solicitud del sector de la TDT, que considera este plazo como el más adecuado. Los 280 millones de euros en ayudas aprobadas por el Gobierno para subvencionar la adaptación de las antenas colectivas se pueden solicitar hasta el 30 de junio de 2015. Texto integro de la nota e presa oficial: 2014.12.29 Ampliación plazo Dividendo Digital

El dividendo digital

14110668883933El dividendo digital es la reorganización de las frecuencias de emisión de distintos operadores, de telefonía móvil y televisión. A las comunidades de propietarios las afecta en que deberán sustituir o ampliar módulos en sus cabeceras para la recepción de la señal por las nuevas bandas asignadas a las cadenas de televisión.

ITE. La inspección tecnica de edificios será obligatoria a partir de 1 de enero de 2015

La esperada ITE, conocida como ITV de los edificios, ya ha sido aprobada en Palencia. El ayuntamiento la aprobó en sesión del 20 de marzo de 2014, con el nombre de "Ordenanza Municipal Reguladora del Informe de Evaluación de edificios. Lo que conoceremos como IEE .Además de la propiamente dicha ITE, integra normativa de eficiencia energética y de accesibilidad, y en este sentido Palencia, será pionero en Castilla y León. Dependiendo de la antigüedad del edificio, a partir de 1 de enero de 2015, y progresivamente los más nuevos, irán pasando obligatoriamente esta inspección, y el resultado de la misma, será ejecutado por los propietarios de los inmuebles. La inobservancia de la norma, llevará, de oficio, que la inspección sea pasada por el Ayuntamiento, y las comunidades, sancionadas. En la pagina web del Ayuntamiento de Palencia pueden encontrar la ordenanza completa. Su publicación en el BOP de 6 de junio de 2014, supone su entrada en vigor.

Aprobada la ley que permitirá a las compañías telefónicas expropiar azoteas para colocar antenas de telefonía móvil

Desde la publicación en el BOE de la nueva Ley General de Telecomunicaciones (Ley 9/2014, de 9 de mayo), han surgido importantes críticas del colectivo de Administradores de Fincas a la posibilidad de expropiación forzosa de cubiertas y terrados de edificios para servicios de comunicaciones electrónicas. Así, el pasado 20 de mayo, el Consejo General de Administradores de Fincas de España hacía público un comunicado en el que se indicaba lo siguiente: “El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas considera que la nueva Ley de Telecomunicaciones, en vigor desde el pasado 9 de mayo, atenta contra uno de los principios básicos de un estado de derecho, como es la propiedad privada, al posibilitar la expropiación forzosa de cubiertas y terrados de edificios para servicios de comunicaciones electrónicas en el Capítulo II, sección 2.ª, artículos 29 a 33, que regula el derecho de ocupación de la propiedad privada. En estos artículos se da carta blanca a los operadores para que puedan disponer de estos espacios privativos sin que tengan que obtener licencias de obras ni realizar estudios de impacto ambiental, que sí eran necesarios con la anterior normativa. Solo se requiere un plan de despliegue o instalación de red en la zona que posibilite el permiso del Ministerio de Industria para colocar la antena en la azotea elegida por la operadora”. Proseguía dicho comunicado advirtiendo que la nueva legislación no atendía al Principio de Precaución establecido en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, así como lo “incomprensible” que resultaba que la nueva Ley General de Telecomunicaciones “no valore otro riesgo que asumen los propietarios de los edificios ante la instalación de este tipo de antenas, que suponen un sobrepeso excesivo para la estructura del inmueble y que conducirá a un deterioro no solo de los pisos más próximos a la cubierta, sino también de todo el edificio, además de los perjuicios para los propietarios de las viviendas más cercanas al cableado eléctrico, que verían como su inmueble se deprecia por esta circunstancia de obligado cumplimiento normativo”. Partiendo del reconocimiento a la siempre loable e importante labor del CGAF en la defensa de los intereses de los propietarios de los edificios y Comunidades administradas, creemos oportuno señalar que, en nuestra opinión, gran parte de los motivos de preocupación y crítica que se vierten en dicho comunicado, si bien pudieran ser reales, en ningún caso, consideramos, que sean novedosos o imputables a la nueva normativa. La posibilidad de expropiación (o constitución de servidumbre forzosa de paso) para la instalación de infraestructuras de redes públicas de comunicaciones electrónicas contemplada en el art. 29 de la nueva Ley General de Telecomunicaciones de 2014, ya venía incluida en las predecesoras normas sobre la materia. En efecto, la hasta hace pocas fechas vigente, Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones –SP/LEG/2601–, preveía esta misma habilitación a las operadoras para ser beneficiarias de la expropiación de la propiedad privada (véanse los arts. 27 y ss.); lo mismo ocurría con el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, que aprobaba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios (SP/LEG/2972). Pero, yendo más allá, vemos que incluso la Ley de Telecomunicaciones del año 1998 (Ley 11/1998, de 24 de abril) ya recogía igualmente este privilegio de expropiación (arts. 46 a 48). No concluimos, por lo tanto, que la nueva legislación debiera constituir una nueva preocupación en este sentido. La expropiación de terrazas o azoteas para la instalación de redes de telecomunicaciones, al igual que cualquier otra expropiación forzosa, está dotada de una serie de garantías procedimentales y de fondo recogidas en la legislación específica sobre la materia (Ley de Expropiación Forzosa de 1954 –SP/LEG/3840–, y su Reglamento de 1957 –SP/LEG/4606–), entre ellas, la posibilidad de comparecer en el expediente y oponerse por razones de fondo o forma a la necesidad de la ocupación. Además, tanto en la nueva normativa como en sus antecedentes legislativos, la expropiación o constitución de servidumbre forzosa se contempla como una posibilidad excepcional, “siempre que no existan otras alternativas técnica o económicamente viables” y “en la medida prevista en el proyecto técnico” que obligatoriamente deben presentar las operadoras. Es por ello que entendemos que, siendo una posibilidad prevista ya desde el año 1998, sujeta a un procedimiento garantista como cualquier otra expropiación de bienes o derechos, configurada con carácter excepcional y al que, además, no nos consta que las operadoras hayan tenido que recurrir en estos años, el motivo de alarma pudiera quedar algo sofocado. No obstante lo dicho, es cierto que el Consejo General de Administradores de Fincas advertía, con toda razón, que la nueva normativa (en este caso sí, al contrario que en la regulación anterior) no exige la previa obtención de licencias de obras; pero, como pone de manifiesto la propia exposición de motivos de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, esto se debe al paulatino proceso de “simplificación administrativa” impuesto desde las instituciones comunitarias, e iniciado en España con la famosa Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio (más conocida como Ley Ómnibus), que incorporó al derecho español la Directiva 2006/123/CE y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a aquella. En efecto, la necesidad de liberalización de los servicios y eliminación de trabas administrativas de acceso ha ido provocando la paulatina sustitución del régimen de licencias (técnica basada en la previa autorización) por un régimen de comunicación previa y declaración responsable, que no supone el incumplimiento de la normativa vigente, sino su control a posteriori. De hecho, en el ámbito de las instalaciones radioeléctricas utilizadas para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, la eliminación de la licencia previa ya se había puesto en marcha con la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y de Determinados Servicios (SP/LEG/10708). Así, García Garro, M.ª Aranzazu ("Comunicación previa, declaración responsable y licencias urbanísticas y de actividades", de mayo de 2013, SP/DOCT/17475) indicaba “Hasta el momento parecía que la autorización previa era la única técnica de intervención administrativa, y no es así; existen técnicas de intervención administrativa a priori y otras a posteriori. Entre las primeras, junto con la autorización administrativa previa, se encuentran la comunicación previa y la declaración responsable como una alternativa más favorable a la libertad, en tanto que el ejercicio de la actividad se presume preexistente y, por tanto, no requiere ser autorizado previamente, sin que esto exima del cumplimiento de la normativa de aplicación ni del control por parte de la Administración. En suma, son técnicas más respetuosas con la libertad y no por ello menos eficaces y que entrañan una mayor libertad y responsabilidad para el ciudadano (...) Ahora bien, el inicio de una actividad al amparo de una comunicación previa o declaración responsable no impide el ejercicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones públicas, sino todo lo contrario; es justamente ese control posterior el que debe potenciarse para garantizar la eficacia de la comunicación previa y de la declaración responsable como instrumentos de intervención administrativa”. Dicho lo que antecede, cabe dejar abierto al debate de si, en estos supuestos, no sería de aplicación la expresa exigencia de autorización administrativa que para determinadas obras en el edificio se recoge en la actual redacción del art. 10 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, introducida por la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas.

Antenas de telefonía móvil instalada en comunidad de propietarios

Patologías constructivas: Humedades de condensación

La humedad provocada por la condensación del vapor de agua es aquella que tiende a atravesarlo por alcanzar en algún punto de su recorrido la temperatura de saturación o de rocío. El síntoma propio de este tipo de humedad es la mancha de color pardo oscuro que pasa a negro intenso con la formación de un hongo de gran población y de característico olor. La causa se encuentra en un aislamiento insuficiente del cerramiento, sobre todo en determinados puntos (puentes térmicos). Los puentes térmicos son puntos débiles, térmicamente considerados, y pueden definirse como el conjunto de puntos de un paramento interior que mantiene la temperatura superficial del mismo por debajo de la del resto de la superficie. Si la temperatura es inferior al valor estimado como punto de rocío del aire del local, se producirá la condensación del vapor de agua. Para evitar estos puentes térmicos en el proyecto de las obras, se debe de diseñar que el aislamiento térmico sea pasante ya sea por la zona interior o exterior, caso contrario, el aislante térmico se interrumpe, quedando estos puntos totalmente desprotegidos, y por tanto da como resultado la proliferación de humedades de condensación. Asimismo, la ejecución del aislante debe ejecutarse correctamente, fija a un paramento, para el buen funcionamiento térmico del elemento, así como que no exista separación con los marcos de las ventanas y en los encuentros con los elementos estructurales, para evitar la aparición de humedades. Las humedades de condensación son especialmente molestas, y llegan a afectar de forma notable la habitabilidad de la vivienda, facilitando la proliferación de hongos y mohos, etc…, impiden que puedan mantenerse los habitáculos salubres y limpios, y afectan asimismo a la salubridad de la misma pudiendo afectar negativamente a la salud de los moradores (pueden provocar reacciones alérgicas, enfermedades pulmonares o respiratorias, cefaleas…). Es por ello que se hace necesario repararlas desde el origen, no siendo aceptable un mero pintado ya que sería un arreglo superficial sin actuar sobre la verdadera causa del problema.

Típicas humedades de condensación. En esquinas y junto a ventanas. Cercanas a estructuras

NOTA: Las humedades de condensación ocasionan el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del apartado 1, letra c), del artículo 3 de la LOE, y para poder reclamarla, hay que hacerlo dentro del plazo de dos años, una vez que el daño se ha producido dentro del plazo de 3 años desde la terminación de la edificación.